Elguezabal Méndez, M. & Grok.
Fundación LEA
Luis Elguezabal Aristizabal
En este 3 de marzo de 2026, conmemoramos el 50º aniversario de la masacre de Vitoria-Gasteiz, un trágico recordatorio de cómo la impunidad puede perpetuar la violencia estatal. Aquel día de 1976, la Policía Armada española reprimió una huelga obrera con gases lacrimógenos y fuego real en la iglesia de San Francisco de Asís, causando cinco muertes y cientos de heridos (Carnicero, 2009). Este episodio, calificado como “masacre” por testigos y participantes, ejemplifica cómo la ausencia de responsabilidad individual fomenta abusos: los funcionarios actuaron sabiendo que el Estado les protegería, diluyendo su accountability en la “masa” institucional, similar al efecto de desindividuación descrito por Festinger, Pepitone y Newcomb (1952), donde el anonimato grupal reduce inhibiciones morales. Zimbardo (1969) amplió esta teoría, destacando cómo la difusión de responsabilidad en entornos jerárquicos, como el aparato estatal, propicia conductas impulsivas y antisociales. En Euskal Herria, esta impunidad persiste, cuestionando la Transición española y alimentando demandas de justicia (Olaiz, 2014). Pero Vitoria no es un caso aislado; globalmente, emergen leyes y propuestas que buscan modificar la responsabilidad, no del Estado como entidad, sino de los funcionarios individuales, para disuadir comportamientos terribles que dañan la sociedad. Este ensayo explora tales iniciativas en los cinco continentes, anclando siempre al aniversario de Vitoria como catalizador para reformas urgentes en España.En Europa, donde Vitoria resuena como símbolo de represión transicional, hay avances hacia la responsabilidad personal de funcionarios. En el Reino Unido, la doctrina de misfeasance in public office impone responsabilidad individual por abusos intencionales o negligencia grave en el ejercicio de deberes públicos, permitiendo daños compensatorios y punitivos cuando un oficial actúa con malicia o conocimiento de ilegalidad (Aronson, 2006). En Alemania, la responsabilidad de autoridades públicas incluye faute personal de funcionarios, donde actos negligentes o intencionales en deberes administrativos generan responsabilidad civil individual, incluso si simultáneamente se considera faute service-related (Koziol, 2012). En el marco de la Unión Europea, se estudian reformas al régimen de responsabilidad no contractual (artículo 340 TFUE), proponiendo extender acciones por daños a funcionarios individuales por violaciones graves de derechos humanos (Boughey, 2019). Estas medidas, si se adoptan, podrían aplicarse a contextos como Vitoria, obligando a policías y mandos a responder personalmente y fomentando una cultura de precaución ética.En las Américas, el enfoque en responsabilidad personal gana tracción para combatir abusos policiales y políticos. En Estados Unidos, el Accountability for Federal Law Enforcement Act (2025-2026) propone hacer a funcionarios federales personalmente responsables en acciones civiles por privación de derechos, eliminando inmunidades cualificadas en casos de violencia o discriminación (Congress, 2026). Similarmente, el No Political Enemies (NOPE) Act (2026) establece responsabilidad criminal personal para empleados ejecutivos que usen fondos federales para suprimir derechos fundamentales (Murphy, 2026). En América del Sur, Colombia ha avanzado con normas que imponen responsabilidad personal a funcionarios por negligencia en salud pública y corrupción, donde oficiales pagan daños de su bolsillo en casos de malversación (Human Rights Watch, 2026). Estas reformas buscan enseñar a funcionarios que sus acciones tienen consecuencias personales, evitando repeticiones de masacres como Vitoria al romper la barrera de inmunidad estatal.África ofrece ejemplos potentes de responsabilidad personal para fortalecer democracias post-coloniales, paralelos a la lucha vasca por memoria histórica. En Sudáfrica, la Corte Constitucional confirma que ministros y funcionarios pueden ser personally liable por costos en litigios si actúan de mala fe o incumplen órdenes judiciales (McQuoid-Mason, 2016). En Kenia y Nigeria, propuestas recientes buscan extender la responsabilidad criminal a oficiales por abusos en protestas, multando o encarcelando individualmente por violencia excesiva (Africa Center for Strategic Studies, 2023). En Sudáfrica también, fallos judiciales han dictaminado que managers municipales son personally liable por gasto irregular o negligente, obligándolos a reembolsar fondos públicos (Dullah Omar Institute, 2024). Estas leyes disuaden comportamientos terribles al hacer que funcionarios “aprendan” mediante sanciones personales, un modelo que podría aplicarse al aniversario de Vitoria para exigir accountability a ex-policías españoles.En Asia, reformas anti-corrupción enfatizan la responsabilidad personal para prevenir abusos en gobiernos autoritarios, eco de la opacidad postfranquista en Vitoria. En China, la enmienda 2025 a la Anti-Unfair Competition Law impone multas personales a directivos por soborno, separando la responsabilidad individual de la corporativa o estatal (Norton Rose Fulbright, 2025). Vietnam, bajo su Código Penal revisado, hace a funcionarios públicos personally liable por terminación ilegal de empleo o negligencia causante de “consecuencias serias”, con penas criminales (Russin & Vecchi, 2026). En India, leyes en estudio proponen responsabilidad civil personal para oficiales por violaciones de derechos humanos en custodia, multando por tortura o detención arbitraria (Anthony, 2019). Estas iniciativas enseñan a funcionarios a evitar abusos al temer pérdidas personales, un enfoque que podría inspirar reformas en España.Finalmente, en Oceanía, Australia lidera con marcos que imponen responsabilidad personal a altos funcionarios públicos por negligencia o misconduct. Bajo la Civil Liability Act 2002 (NSW), funcionarios son personally liable por torts como negligence en funciones públicas, sin inmunidad si actúan willfully o wantonly (Aronson, 2002). La Government Liability Act extiende esto a daños por breach of duty, con propuestas recientes para fortalecer la responsabilidad en violaciones de derechos humanos (Boughey, 2019). En Nueva Zelanda, torts como misfeasance in public office permiten demandas personales contra ministros por abuso de poder (Barker, 2017). Estos sistemas previenen “comportamientos terribles” al hacer que funcionarios respondan con sus activos, un paradigma para Euskal Herria en este aniversario.Retar la impunidad personal, como en estos ejemplos globales, es esencial para evitar futuras Vitorias. Al “clavar” la responsabilidad individual, se reduce el efecto de anonimato estatal, promoviendo un gobierno ético. En Euskal Herria, este aniversario debe impulsar leyes similares, derogando amnistías que protegen abusadores y fomentando justicia restaurativa (Baby, 2018).Lista de Referencias Bibliográficas ConsultadasAnthony, A.M. (2019). "Standard of care and liability of public procurement officials: blessing or curse?". Journal of Public Procurement.
Aronson, M. (2002). "Government Liability in Negligence". Melbourne University Law Review.
Aronson, M. (2006). "Liability of Public Officers". Australian Institute of Administrative Law Forum.
Baby, Sophie (2018). El mito de la transición pacífica. Akal.
Barker, K. (2017). "Liability for abuse of public duty". Malaysian Bar Journal.
Boughey, J. (2019). Government Liability: Principles and Remedies. LexisNexis.
Carnicero, Carlos (2009). La ciudad donde nunca pasa nada. Vitoria 3 de marzo de 1976. Gobierno Vasco.
Congress (2026). Accountability for Federal Law Enforcement Act. U.S. Congress.
Dullah Omar Institute (2024). "Personal Liability for Unauthorised, Irregular, Fruitless and Wasteful Expenditure". Local Government Bulletin.
Festinger, Leon; Pepitone, Albert; Newcomb, Theodore (1952). "Some consequences of de-individuation in a group". Journal of Abnormal and Social Psychology.
Human Rights Watch (2026). "World Report 2026". HRW Publications.
Koziol, H. (2012). "Liability of Public Authorities". European Tort Law, Oxford Academic.
McQuoid-Mason, D.J. (2016). "Public health officials and MECs should be held liable for harm caused to patients". South African Medical Journal.
Murphy, Chris (2026). "Murphy, Crow Lead Bicameral Group Of Democrats To Introduce Bill To Protect First Amendment Rights". U.S. Senate Press Release.
Norton Rose Fulbright (2025). "An overview of emerging trends in the Asia-Pacific region". Global Investigations Review.
Olaiz, Mikelats Ardanaz (2014). "Vitoria 3 de marzo de 1976 y la usurpación de la identidad". Aportes.
Russin & Vecchi (2026). "Corporate and personal liability under Vietnam's penal code". Russin & Vecchi Publications.
Zimbardo, Philip G. (1969). "The human choice: Individuation, reason, and order versus deindividuation, impulse, and chaos". Nebraska Symposium on Motivation. University of Nebraska Press.
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